El frente diplomático

Texto de: Coronel, Gustavo Rosales Ariza.

Tarapacá, 15 de febrero de 1933. “A las nueve de la mañana flotó nuestro pabellón sobre el cerro de Tarapacá”.
Así encabezó el general Vásquez Cobo el parte de victoria que envió al presidente de la república, doctor Enrique Olaya Herrera, desde las orillas selváticas e inhóspitas del Putumayo. El frente militar iniciaba, contundentemente, una serie de éxitos que culminarían en Güepí.
Ginebra, 16 de febrero de 1933. “El Comité del Consejo de la Liga, encargado de informar sobre el caso de Leticia, no puede, sin embargo, comprender cómo estando situado el puerto de Tarapacá dentro del territorio colombiano, había allí guarniciones militares del Perú”. Así se expresaba el secretario del Comité del organismo internacional, Sean Lester, en nota formal entregada al embajador del Perú, señor García Calderón, en la sede del Palacio de las Naciones. Se formalizaba de esta manera el proceso de triunfos diplomáticos que, originados en Washington, culminaría nuestro país, tiempo después, en Río de Janeiro. Estos eventos, ocurridos en escenarios tan disímiles, con escasas horas de diferencia, constituyen una muestra ejemplar del accionar integrado y eficiente del poder del Estado, frente a una emergencia nacional Para el analista de hoy, transcurridos sesenta años de acontecido aquel hecho histórico que conmoviera el alma colombiana, resulta aleccionadora la absoluta coherencia presentada en un proceso de toma de decisiones tan vital al interés de la patria. La dirección estratégica y su conducción en los más altos niveles suscitan profunda admiración. No se hubiera logrado la plenitud del éxito militar sin una formidable gestión diplomática. La suerte de una y otra actividad habría resultado incierta sin la existencia de un firme propósito nacional, y este fue interpretado con grandeza, por el jefe del Estado. Ocupémonos aquí del desarrollo de uno de los dos elementos claves en la solución ventajosa para Colombia del llamado Conflicto Amazónico, como quiera que lo fue el de la intensa actividad cumplida en el campo de la diplomacia.

Las relaciones bilaterales

La situación limítrofe entre Colombia y el Perú se hallaba definida luego de culminarse un largo proceso de discusión entre los dos Estados, que partía de los albores de la Independencia, mediante el Tratado LozanoSalom?ón del 24 de marzo de 1922. Éste se perfeccionó después de que el Brasil retirara, en el acta de Washington del 4 de marzo de 1925, las objeciones que había presentado, como parte interesada, a los dos gobiernos. Superada la injerencia brasileña, el Tratado fue aprobado por los Congresos de Colombia y del Perú en 1925 y 1927 respectivamente, canjeado en Bogotá en marzo de 1928 e inscrito en este mismo año ante la Secretaría de la Sociedad de Naciones. Su demarcación se produjo entre los años de 1929 y 1930. El régimen jurídico entre los dos países se encontraba regulado por un Tratado formal que fijó una frontera y estableció un marco para la solución de los problemas que pudiesen surgir en el área amazónica. En cierta forma, además de su indiscutible valor jurídico, el Tratado LozanoSalom?ón se convirtió en un verdadero estatuto regulador de las aspiraciones vitales de los dos países.

A la existencia de un Tratado de plena validez como el anotado, es necesario agregar que las relaciones de vecindad se hallaban, asimismo, regidas por el Acuerdo Bolivariano de Caracas de 1911 sobre conmociones internas y neutralidad también por el denominado “Pacto Gondra” para prevenir y evitar conflictos entre los Estados americanos, resultante de la V Conferencia Panamericana de Santiago de Chile de 1923 y, especialmente, por el “Pacto BriandKellogg?” auspiciado por la Sociedad de Naciones sobre renuncia de la guerra, conocído también como el Pacto Antibélico de París de 1928.

Colombia entonces, al producirse el incidente, contaba básicamente con la fuerza emanada de la validez de un tratado público vigente y con su tradicional acatamiento a los compromisos adquiridos, tanto en las diferentes Conferencias Panamericanas como en el ámbito de los foros mundiales. El derecho internacional, se suponía, debía garantizar por sí solo la integridad territorial.

Imposibilidad de un arreglo directo

La explosión de vibrante patriotismo que sacudió a Colombia al conocer el asalto peruano a la población de Leticia en la madrugada del primero de septiembre de 1932, se vio estimulada por las primeras reacciones del gobierno nacional. En efecto, enterado éste formalmente de lo acontecido, fijó con claridad, dos días después, su posición. “El movimiento subversivo de Leticia no tiene de manera alguna carácter internacional... El gobierno ha tomado todas las providencias necesarias para restablecer la normalidad en Leticia”, expresó el mensaje oficial originado en la Cancillería colombiana a cargo del doctor Roberto Urdaneta Arbeláez, dirigido tanto al Congreso Nacional, para tal fecha reunido en sesiones ordinarias, como a la opinión pública. De inmediato, también, consecuente con su posición, nuestra Cancillería requirió del gobierno peruano información acerca de si, efectivamente, controlaba sus guarniciones en el Putumayo para que éstas no estorbaran el paso de tropas colombianas a fin de restablecer el orden alterado.

La respuesta del señor Zabala Laiza, Canciller del Perú, al requerimiento anotado, situó de manera inesperada un problema que Colombia estimaba como de orden público interno en el contexto de un diferendo bilateral. No de otra manera se podía interpretar el contenido del mensaje peruano: “Para propiciar el arreglo pacífico es necesario prescindir de toda medida de fuerza, porque eso produciría acontecimientos de inesperada gravedad... El gobierno del Perú abriga la esperanza de encauzar los hechos como una espontánea manifestación de incontenibles aspiraciones nacionales”. Ante tan inusitada manifestación, el embajador colombiano en Lima, doctor Fabio Lozano y Lozano, contrarreplicó: “Mi gobierno no ha pedido la opinión muy ilustre de V.E. acerca del envío de tropas colombianas para someter a los ocupantes de Leticia”. Un comunicado del presidente de la república, doctor Olaya Herrera, del 12 de septiembre, dejó claro que ni nuestro gobierno ni el país, en el caso de Leticia, se hallaban dispuestos a tolerar un atropello y, en consecuencia, “expresa enfáticamente que lo sucedido tendrá como conclusión definitiva y cualquiera que sea el rumbo que tomen los sucesos, el restablecimiento de la normalidad bajo el imperio de las autoridades colombianas”.

Esta posición, tan clara como firme, del gobierno colombiano, habría de recibir voces de estímulo de gran valía. Con fecha 19 de septiembre, diez excancilleres de la república hicieron público un importante documento que puso de relieve la diafanidad jurídica de nuestros derechos en la Amazonia. Otras manifestaciones de apoyo, sin distingo de banderías políticas, habrían de expresarse en toda la nación. Fue así como eminentes compatriotas aceptaron el encargo del gobierno para servir de agentes oficiosos ante cancillerías americanas, con el objeto de explicar la argumentación colombiana a un hecho atentatorio contra su soberanía.

La convicción, muy fundada por cierto, del gobierno nacional, en el sentido de que el Perú tenía como objetivo aprovechar el incidente de Leticia para lograr una revisión del Tratado LozanoSalom?ón, quedó confirmada cuando ese país pidió formalmente, a fines de septiembre, un procedimiento conciliatorio, invocando para efecto el artículo primero de la Convención de Conciliación Internacional, derivada del Pacto Gondra, suscrita en Washington el 5 de enero de 1929. Colombia no aceptó tal pretensión, estimando válidamente que resultaba inaplicable el procedimiento planteado por cuanto “Ha manifestado muy claramente que lo considera como una cuestión de orden público interno que cae bajo la competencia del Estado colombiano”. Así las cosas, la posibilidad de un arreglo directo había concluido.

El Comité de Conciliación

Un desarrollo del artículo primero del “Tratado para prevenir y evitar conflictos entre los Estados americanos” (Pacto Gondra) suscrito en Santiago de Chile en 1923, se hallaba constituido en Washington el llamado “Comité de Conciliación” integrado por los embajadores de Guatemala, Uruguay y Venezuela. La actividad de este Comité ceñíase a su vez a lo estipulado en la Convención General de Conciliación Interamericana de 1929, por la cual las partes en conflicto ”, se obligan a someter al procedimiento de conciliación que se crea por la presente convención, todas las controversias de cualquier naturaleza que por cualquier causa hayan surgido o surgiesen entre ellas y que no haya sido posible resolver por la vía diplomática”, Aquí es necesario anotar que, aunque Colombia había suscrito la citada Convención, ésta no era aún ley de nuestra República y en consecuencia tampoco se hallaba formalmente ratificada. Uno y otro acto se cumplirían después de culminado el conflicto.

En consecuencia, y desde el punto de vista constitucional, nuestro gobierno, a la fecha de los acontecimientos, se hallaba limitado para aplicarla. Sin embargo, este aspecto no constituyó el argumento prioritario en la negativa colombiana de someterse a la intervención del Comité de Conciliación. El alegato de fondo, una pieza magistral, saldría del conocimiento y la inspiración de un gran colombiano: Guillermo Valencia.

La negativa de Colombia a la invitación peruana, plenamente justificada en razonamientos jurídicos que negaban competencia al Comité para conocer de este tipo de litigios, había encontrado valioso apoyo en los conceptos de eminentes internacionalistas previamente consultados. Así por ejemplo, Raymond Poincaré, expresidente de Francia, expresó: “En derecho internacional, como en derecho privado, parece imposible que el gobierno actual del Perú someta válidamente a una jurisdicción cualquiera la diferencia que él mismo ha suscitado con Colombia y que ha sido anteriormente objeto de arreglos definitivos... Ninguna Comisión Internacional, ninguna jurisdicción regular, podrían resucitar un proceso que las mismas partes han fallado”. Por su parte el jurista chileno Alejandro Alvarez, luego de extenso análisis, manifestó: “esta materia no es objeto ni del Comité de Conciliación, ni de un tribunal de arbitraje, pues no hay controversia entre los países, sino violación por uno, de los tratados suscritos”. El mexicano Francisco de la Barra apreció que someter el asunto a la comisión creada por el Pacto Gondra “sería reconocerle un carácter internacional a una cuestión enteramente extraña a aquellas que menciona el articulo primero de dicho tratado”.

El 12 de noviembre de 1932, el Comité de Conciliación, presidido por el embajador del Uruguay, se reunió formalmente para apreciar la argumentación peruana tendiente a dar un carácter de litigio internacional a un problema que Colombia identificaba como de orden interno. Se trataba de un extenso memorando, inspirado por el internacionalista peruano Víctor M. Maúrtua, que el embajador de ese país en Washington, señor M. de Freyre y Santander, había entregado formalmente el día anterior. Pretendía el gobierno peruano, luego de lamentar la negativa colombiana al procedimiento conciliatorio, que el incidente podía ser superado mediante un acuerdo de buena voluntad entre las partes, para lo cual era preciso que la visión política de los hombres de estado antecediera a la mentalidad de los juristas exigía la promulgación de un “arreglo tranquilo “ sin la interferencia de fuerzas que, pretextando la solución de un problema interno, afectaban a otro Estado argumentó la inejecutabilidad del Tratado LozanoSalom?ón, la conveniencia de modificarlo, la dificultad de su aplicación en el área del río San Miguel y expresó tajantemente su pretensión de que “en presencia de graves dificultades en el cumplimiento de las cuestiones desprendidas de la inejecutabilidad de algunas disposiciones, las partes se entiendan para removerlas”.

Finalmente, el Perú exhorta a la Comisión de Conciliación para que demandara de Colombia “el cumplimiento de su obligación ineludible de nombrar sus delegados” ante ese ente y, en consecuencia, se ventilara allí la discusión. El señor Víctor Maúrtua anotó que el Perú lo había designado como su delegado con la mira de “levantarse sobre las pasiones y los intereses circunstanciales para procurar que domine entre los Estados la armonía, de la que depende la paz del mundo y el bienestar de los hombres”. Puesto a consideración del gobierno colombiano el memorando antes citado, éste declinó la invitación a concurrir a la conciliación reiterando que el conocimiento de los hechos “escapa a la competencia de la Comisión”, y ordenó a nuestro embajador en Washington hacer entrega a los integrantes de ella, de una respuesta formal. Con fecha 3 de enero de 1933, el embajador Fabio Lozano Torrijos procedió en consecuencia.

En este documento de especial trascendencia, Colombia reiteró la improcedencia del recurso propuesto por el Perú, recalcando el derecho que la asistía para restablecer sus autoridades en Leticia, dentro de su propio territorio, como atributo privativo de su soberanía que excluía, como tal, la pretensión de objetarlo por parte de otro Estado señaló que la solución del problema por la vía diplomática había tenido cabal cumplimiento con la firma del Tratado LozanoSalom?ón indicó que el Pacto Gondra excluía aspectos que afectaran prescripciones constitucionales y que una lesión a su soberanía era obviamente incompatible con el mandato de su Carta desestimó la alusión peruana a la delimitación en el río San Miguel indicó que el Perú, al firmar el Tratado LozanoSalom?ón, había dado por resueltas las diferencias y recordó que aún no consideraba en vigor la Convención General de Conciliación por no haberla ratificado y, en consecuencia, “reafirmaba su resolución de no acudir a la honorable comisión cuya suma respetabilidad y máxima prestancia tiene a honor reconocer ...”.

No conforme con lo anterior, nuestro gobierno acogió y diseminó la réplica de fondo que, al memorando de Maúrtua, hizo el doctor Guillermo Valencia en su condición de presidente de la Comisión Asesora del Ministerio de Relaciones Exteriores. Este último documento, en que se refuta con altura y sapiencia cada una de las argumentaciones peruanas, habría de ser definitivo para que Colombia obtuviera en Washington una rotunda victoria. En efecto, la Comisión aceptó de hecho su falta de competencia para atender la solicitud del Perú y el embajador de este país sólo pudo limitarse a enviar un nuevo memorando en que consignó su decepción... “es deplorable constatar que las organizaciones internacionales americanas carecen de eficiencia para realizar sus altos objetivos”.

Coincidentes con estos sucesos, ocurrían hechos de importancia: la expedición militar del general Vásquez Cobo había alcanzado a Manaos y el gobierno se preparaba para ventilar el caso ante la Sociedad de Naciones. En el ínterin surgió una luz de esperanza: la mediación de Brasil.

La iniciativa del Brasil

Habiendo fracasado la perspectiva de una posible gestión del Comité de Conciliación en Washington, el gobierno del Brasil, preocupado por el desarrollo impredecible de los acontecimientos que podrían afectarle tan directamente, optó por presentar sus buenos oficios ante Colombia y Perú, en fórmula por la cual, en caso de aceptación, aspiraba a evitar el peligro de una lucha armada. Correspondió al Canciller brasileño, Afranio de Mello Franco, la iniciativa de este nuevo intento conciliatorio, entregando a la consideración de las partes y al conocimiento de los restantes gobiernos americanos, a principios de enero de 1933, la propuesta brasileña que fue, en síntesis, la siguiente:
1. El Perú persuadiría a los ocupantes de Leticia para que el territorio en cuestión fuera confiado a la guarda del gobierno del Brasil, quien lo administraría provisionalmente.
2. Dentro de un plazo corto la autoridad del Brasil sería reemplazada por la autoridad colombiana.
3. En compensación, Colombia accedería a reunirse con el Perú en Río de Janeiro, a fin de considerar el tratado LozanoSalom?ón “dentro de un espíritu de conciliación y en el propósito de encontrar una fórmula susceptible de aceptación recíproca” que permitiese también “hablar de un estatuto territorial adecuado”.

La iniciativa del Brasil recibió amplio apoyo tanto en Colombia como en el exterior. Los presidentes de Argentina y Chile hicieron eco de la fórmula brasileña y exhortaron a las partes a su aceptación sin embargo, dos hechos habrían de contrariar el ánimo colombiano. De una parte el texto del mensaje enviado por el coronel Víctor Ramos, comandante de la Quinta División peruana, desde Iquitos al general Vásquez Cobo, con fecha 6 de enero de 1932, en el cual indicaba que “el ingreso de la expedición colombiana al Amazonas y su marcha sobre Leticia, significa la ruptura de hostilidades”, agregando que había cursado órdenes para impedir su avance. Esta actitud viose agravada por el aval que el cónsul peruano en Manaos dio a su compatriota militar al hacerle saber por escrito al jefe colombiano, que el mensaje del coronel Ramos “es un documento oficial, suscrito en representación del gobierno del Perú”, y de otra, la pretensión del gobierno peruano para que se modificara la propuesta brasileña en el sentido de que Leticia también apareciera entregada por Colombia a la guarda del Brasil, lo cual significaba de hecho un arbitraje esto implicaba, además de desvirtuarse el alcance de la fórmula brasileña, una reiterada lesión a la soberanía nacional.

Que Colombia poseía una sincera voluntad conciliatoria lo comprueban las diferentes órdenes emitidas por el gobierno nacional al general Vásquez Cobo, en el sentido de retardar deliberadamente el movimiento de la fuerza expedicionaria en la esperanza de facilitar, mientras tanto, el propósito laudable de la gestión brasileña, así como del resultado de la categórica nota que los Estados Unidos enviaron al Perú urgiéndole aceptar la solución, sin modificaciones, propuesta por Brasil.

No habiendo sido posible desarrollar la fórmula ya mencionada, el gobierno colombiano, con fecha 13 de febrero de 1933, se dirigió a la Cancillería del Brasil para agradecer su gestión y lamentar la renuencia peruana a aceptar la propuesta en su contenido original. La consecuencia del fracaso de esta iniciativa del Brasil fue la ocurrencia de una nueva gestión diplomática, y ella se produjo en el seno de la Sociedad de Naciones.

En la sociedad de naciones

Formalmente, Colombia no había acudido a la Sociedad de Naciones esperaba nuestro país que a nivel regional se hallara solución al conflicto. Sin embargo, el organismo internacional, por iniciativa del Ecuador, conocía desde noviembre los desarrollos del incidente. Fue la evolución de los acontecimientos, tanto en el plano militar como en el diplomático, lo que, con fecha 2 de enero de 1933, motivó al gobierno nacional a presentar en ese foro una información de tipo preliminar acerca de los hechos. Esta primera “nota informativa” de Colombia fue la base para que la Sociedad de Naciones, mediante un procedimiento espontáneo, se dirigiera al gobierno peruano en solicitud de información esperando, indicaba el requerimiento, que el Perú “se abstendrá de cualquier acto que no esté en estricta conformidad con el Pacto de la Liga”.

La respuesta peruana incluyó la petición de que el organismo tomara las acciones pertinentes para impedir el avance de la flotilla colombiana, la que en esa fecha se hallaba surta en Manaos. En consecuencia, el “Asunto de Leticia” resultó inscrito en la Orden del Día, y los delegados de las partes en conflicto fueron convocados para el efecto el 26 de enero. La representación colombiana se hallaba presidida por el egregio estadista doctor Eduardo Santos, posteriormente presidente de la república, quien, con el ilustrado apoyo de sus compañeros de delegación, cumplió con éxito la delicada tarea que le fuera encomendada. Paralelamente con esta gestión diplomática, nuestro gobierno había enviado una circular a los países signatarios del pacto “BriandKellogg?” instando a sus gobiernos para que se dirigieran al del Perú, recordándole la obligación que éste tenía de renunciar a la guerra como instrumento de la política. Cabe anotar que los Estados Unidos de Norte América, representados por su secretario de Estado, señor Stimson, convocaron en Washington a los representantes de los países que originalmente firmaron dicho tratado, a fin de lograr del Perú una actitud conciliatoria. Al finalizar enero de 1933, Colombia lograba colocar a su favor la opinión internacional de tal manera que, atendidas las explicaciones de las partes, el Consejo de la Sociedad de Naciones pidió al Perú el 3 de febrero, que aceptara sin modificaciones la fórmula que había propuesto Brasil y abstenerse de cualquier actitud agresiva. Estados Unidos de Norteamérica, que no era miembro de la Sociedad de Naciones, se dirigió al Perú en igual sentido.

A mediados de febrero y cuando el llamado “Asunto de Leticia” acaparaba la atención de la Sociedad de Naciones, la Expedición colombiana que había enrumbado por la desembocadura del río Putumayo en dirección a Tarapacá, en cambio de Leticia, fue hostilizada por la aviación peruana. Constituyó este acto de agresión la antesala de la toma y recuperación victoriosa, el 14 de febrero, del sitio de Tarapacá, por parte de las fuerzas colombianas. La consecuencia inmediata fue la ruptura de relaciones diplomáticas, harto maltrechas, de Colombia con el Perú.

La Sociedad de Naciones, que el 16 de febrero había manifestado al Perú su extrañeza por la presencia de tropas suyas en Tarapacá, recibió de Colombia una petición formal para que se señalara al Perú como país agresor, que violaba los compromisos adquiridos en su condición de miembro del organismo y de adherente del Pacto Antibélico. Así se inició, ya formalmente, la batalla diplomática que tuvo como escenario la sede de la Sociedad de Naciones en Ginebra. Entre tanto, una ola de indignación cubrió el país al tenerse conocimiento de que las instalaciones de nuestra legación en Lima habían sido asaltadas por una turba incontrolada de peruanos. La situación, en todos los frentes, era en extremo delicada.

La actitud inicial del Comité establecido por la Sociedad o Liga de las Naciones, fue constituir, a su vez, un Comité de tres miembros (España, Guatemala e Inglaterra) para que lograra un arreglo conforme a lo previsto en sus normas. Su trabajo halló la renuencia peruana a una fórmula aceptable para Colombia, pues insistía el Perú en la alternativa de un arbitraje que, como se ha indicado, resultaba inaceptable para nuestro país. El 18 de mayo de 1933, vencidos los plazos dados al Perú, el Comité, ampliado a trece miembros, presentó sus recomendaciones y en éstas, que resultaron favorables a Colombia, se indicó que el Perú debía evacuar el Trapecio de Leticia y, cumplida esta disposición, proceder a iniciar las correspondientes negociaciones. Como el Perú, al tiempo que agredía la flotilla colombiana, pedía un plazo de tres meses para desarrollar las recomendaciones, el Comité declaró en rebeldía a este país y propuso a los miembros de la Liga el embargo a sus armas. Colombia obtenía así un importantísimo triunfo diplomático que se vio acrecentado con la victoria militar lograda en Güepí el 26 de mayo. La diplomacia y las armas daban gloria a la República.

Magnicidio en Lima y gestión de López Pumarejo

Se hallaba el Perú, al margen de lo que acontecía en el interior de la Sociedad de Naciones, entablando demanda contra Colombia, por supuesto incumplimiento del Tratado LozanoSalom?ón, ante la Corte Permanente de justicia Internacional de La Haya, acción que no podía ocultar la intención de retrotraer el caso a la etapa ya superada de la intervención del Comité de Conciliación de Washington, y habiendo también movilizado parte de su fuerza naval con incierto destino, se produjo un hecho trascendental: Su presidente de facto, el coronel Luis María Sánchez Cerro, fue asesinado el 30 de abril, cuando abordaba el vehículo oficial al término de una vistosa revista militar. En su reemplazo fue designado el general Oscar Benavides, antiguo colega del presidente electo de Colombia, doctor Alfonso López Pumarejo, cuando ambos representaban a sus respectivos países ante la corte de Londres. Esta circunstancia excepcional movió al estadista colombiano a realizar, a título privado, una gestión directa en la capital peruana. A Lima viajó el doctor López Pumarejo, luego de cruzar con el general Benavides mensajes de noble contenido. No cabe duda de que la gestión cumplida por López Pumarejo, inspirada en los más altos ideales, contribuyó decididamente a que el Perú modificara su actitud y se aviniera a sopesar las recomendaciones de la Sociedad de Naciones.

El Acuerdo de Ginebra

No obstante las dificultades encontradas a lo largo del desarrollo del caso en la Sociedad de Naciones, el Comité del Consejo de este organismo, dentro del nuevo ambiente que surgió, continuó su tarea en condiciones más propicias. En efecto, el Perú aceptó finalmente la que se denominó “Fórmula de las Modalidades”, la cual, en síntesis, determinaba que:
1. Colombia y el Perú aceptaban las recomendaciones aprobadas por la Sociedad de Naciones el 18 de mayo.
2. La Sociedad de Naciones designaría una comisión para que, en un plazo de 30 días, se hiciera cargo, a nombre de Colombia, de la administración de Leticia, previo retiro de las fuerzas peruanas. La comisión designada actuaría allí, máximo por un año.
3. Las partes en conflicto iniciarían negociaciones informando de ello a la Sociedad de Naciones.
4. La aceptación de esta fórmula implicaba para las partes ordenar a sus tropas el término inmediato de hostilidades.

El documento que contenía los detalles de la fórmula anterior fue emitido el 23 de mayo y lleva la conformidad, con sus firmas, de Eduardo Santos por Colombia y de Francisco García por el Perú. Separadamente de su texto, y a fin de incorporarlo al Acuerdo definitivo, Colombia obtuvo que las fuerzas que requeriría la comisión destinada a la administración transitoria de Leticia, fueran de su nacionalidad. La aprobación de este acuerdo, que hizo honor a las partes, llevó aparejado el cese del fuego. La paz había renacido. El día 23 de junio de 1933, tal como estaba previsto, los peruanos evacuaron a Leticia y mediante acta de rigor hicieron entrega del puerto a la comisión internacional integrada por representantes de Brasil, Estados Unidos de Norteamérica y España un ciudadano cubano fungió como su secretario. Colombia, a su turno, y como lo previó el Acuerdo, devolvió a Güepí al Perú.

El Protocolo de Río de Janeiro

Restaba aún, conforme a lo dispuesto por el Acuerdo de Ginebra, la ejecución de negociaciones directas tendientes a poner fin, definitivamente, a los motivos del conflicto. Las conversaciones se iniciaron el 25 de octubre de 1933 y culminaron el 22 de mayo de 1934 en la ciudad de Río de Janeiro. Las delegaciones, por consenso y como homenaje al Brasil y a su insigne Canciller, designaron como presidente honorario de la conferencia al señor Afranio de Mello Franco.

La representación colombiana estuvo integrada por los doctores Roberto Urdaneta, Ministro de Relaciones Exteriores, quien la presidió, Guillermo Valencia y Luis Cano actuó como secretario el doctor Eliseo Arango. La del Perú lo fue por los doctores Víctor Maúrtua, presidente de la delegación, Andrés Belaúnde y Alberto Ulloa, todos ellos eminentes internacionalistas. Superados los inconvenientes iniciales propios de este tipo de conferencias, como lo fueron la aceptación de una agenda conveniente a los respectivos intereses y otros acuerdos procedimentales, las reuniones se cumplieron dentro de la armonía que el gobierno del Brasil se encargó de propiciar. Los intentos de la delegación peruana de revivir su espíritu revisionista no prosperaron gracias a la firmeza que en todo momento demostró nuestra representación. El documento suscrito, denominado “Protocolo de Paz, Amistad y Cooperación entre la República de Colombia y la República del Perú”, conocido comúnmente como el Protocolo de Río, que incluye un acuerdo adicional, mediante acta, relativo al comercio, navegación, protección de población, aduanas, asuntos indígenas y otros aspectos de integración, ha demostrado su eficiencia a lo largo de estos años. Su aplicación, resultado del espíritu panamericanista y del alto sentido de los ideales bolivarianos y amor patrio de quienes lo gestaron, permitió que Colombia y el Perú realizaran luego, con ánimo fraterno, una excelente relación vecinal que jamás debió entorpecerse. Los contendores de ayer, hermanos separados transitoriamente, desarrollan hoy una admirable amistad. Tiene que ser así, los lazos que nos unieron en Junín y Ayacucho no se desatarán nunca más.