Un país en proceso de cambio

Texto de: José Granada, María Elisa Pinzón, Alberto Duque López
Instituto Colombiano de Bienestar Familiar

Colombia, situada en la esquina nor-occidental del gran triángulo que forma la América del Sur, ha ve­ni­do experimentando, quizá con un poco de mayor dramatismo que otros países de la región, un profundo proceso de cambio que ha modificado su fisonomía demográfica, económica, social, política e institucional.
Los 31 millones de habitantes que ocupan su territorio constituyen una población mayoritariamente joven, fruto de la explosión demográfica de la década de los años 60.

Durante este lapso, la población de Colombia se duplicó y, a la vez, se desplazó masivamente del campo a la ciudad. La población urbana que representaba hace 30 años el 35% del total, hoy se ha elevado al 70%. El perfil demográfico también ha empezado a cambiar porque la tasa anual de aumento de la población, que era del 3.4% se redujo al 2.1% anual y la tendencia decreciente continuará en los años venideros.

La economía colombiana ha crecido y se ha diversificado notablemente en ese mismo período. Nuevos productos de exportación, además del tra­di­cio­nal café, surgieron con gran vigor: manufacturas, especialmente confecciones y textiles, zapatos, carbón, níquel, flores, caña de azúcar, productos de las artes gráficas, para mencionar sólo algunos. Renació la exportación de banano y se reanudó la de petróleo. La dependencia de la exportación cafetera se redujo del 90% a menos del 35% y su participación tiende a reducirse aún más.

La producción manufacturera se incrementó para atender la demanda interna en ascenso. La generación de energía eléctrica se multiplicó 11 veces, pues pasó de 2.936 MWH en 1960 a 32.318 MWH en 1989. Las redes de distribución, tanto urbanas como rurales, han permitido una amplísima co­ber­tu­ra: Cerca del 85% de los hogares cuentan con este servicio.

La red telefónica —sin incluir el avance de telefonía rural de los últimos tres años— pasó de 68 mil líneas en 1965 a más de 3 millones en 1988. La red vial se ha extendido en más de 16.000 kilómetros de carreteras y 28.000 kilómetros de caminos vecinales construidos desde 1958 hasta hoy. En materia de vivienda, se registra la construcción de 5 millones de unidades ha­bi­ta­cio­na­les entre 1950 y 1989, pese a lo cual subsiste un déficit de 1 millón de familias sin un adecuado alojamiento.

El acceso a la educación se ha ampliado notablemente: la matrícula de escuela primaria pasó de 800 mil en 1950 a cerca de 5 millones en 1988; los estudiantes de secundaria (6 a 11 grados) aumentaron de 71 mil a 2 millones 500 mil en el mismo período; la población universitaria se multiplicó por 5 entre 1964 y 1988, y lograron acceso a la formación vocacional y técnica del SENA (Servicio Nacional de Aprendizaje) más de 800 mil alumno-curso por año. En el campo de la salud, los cambios han sido igualmente notables. La expectativa de vida pasó de 46 años en 1950 a 66 en 1988. La mortalidad infantil descendió en los últimos 30 años de 160 por cada 1.000 nacidos vivos menores de un año a 40 por 1.000 en 1990. La mayor parte de los hospitales, centros y puestos de salud, han sido construidos o remodelados y ampliada y mo­der­ni­za­da su dotación en los últimos 20 años.

No menos importante ha sido el desarrollo de los sistemas de seguridad social y la ampliación de los derechos y garantías de los trabajadores asa­la­ria­dos. A la par con el proceso de modernización industrial y de infraestructura básica del país, fueron creados y crecieron los organismos de seguridad social para la protección del trabajador y su familia, respecto de la salud, la atención materna, los riesgos de vejez, invalidez y muerte, la capacitación y adies­tra­mien­to para el trabajo. De igual modo, se expidió una legislación protectora del trabajador y de los ingresos salariales.

En su discurso de posesión de la Presidencia de la República, en 1986, el doctor Virgilio Barco sintetizó la situación de la nación así: “Somos un país de vastas extensiones; de tierras fértiles, de climas diversos, de variada producción, de grandes recursos naturales y de gente austera y emprendedora. No obstante este panorama, heredamos viejos problemas y afrontamos nuevas necesidades y desafíos”.

En el mismo discurso dijo el Presidente Barco: “Al igual que otras so­cie­da­des, la nuestra está compuesta por grupos que gozan de bienestar y grupos que sufren carencias de todo género. Pero en nuestro medio se ha llegado a una situación crítica porque inmensos sectores de la población están excluidos de los beneficios más elementales, como la nutrición, el agua potable, la salud, la vivienda, el trabajo y el esparcimiento. Padecen de la pobreza absoluta. Son grupos privados de las ventajas de la vida en sociedad”.

Pobreza y desarrollo

En efecto, simultáneamente con el intenso de­sa­rro­llo económico y social del sector formal de la economía, se fue acumulando especialmente en los sectores campesinos y en los cinturones de miseria de las ciudades, una población marginada, caracterizada por la informalidad de su actividad de subsistencia y por la falta de acceso a los servicios básicos de salud y saneamiento, de educación, de vivienda y de posibilidades de empleo estable.

A mediados de la década de los años 80, este sector informal llegó a representar el 50% de la población total y a él pertenecían, en su inmensa mayoría, los grupos de mayor pobreza de la sociedad, estimados para entonces en un 43% de la población colombiana.

Se habría configurado así una especie de hemiplejía económica y social: la mitad de la nación vinculada al proceso económico formal en las actividades de la industria, del comercio, de los servicios, y la otra mitad, sumida en la informalidad, marginada e incapacitada para satisfacer sus necesidades bá­si­cas.

Este fenómeno social y económico se acentuó con la crisis depresiva de comienzos de la década que afectó severamente a todos los países del Tercer Mundo, entre ellos a todos los latinoamericanos, y, sin lugar a dudas, a Colombia. De hecho, la crisis de la deuda externa, las medidas de ajuste de la economía con sus restricciones sobre la inversión y el gasto social, agudizaron los problemas de la pobreza. Dentro de este panorama, los efectos de la pobreza han golpeado más sensiblemente a los más vulnerables: los niños, las mujeres y los ancianos.

Una concepción integral del desarrollo

El país tuvo que preguntarse cómo era posible que al cabo de un largo proceso de desarrollo económico y de ampliación de las garantías sociales y en particular de las leyes laborales y de la seguridad social que establecían crecientes beneficios para los asalariados y sus familias, desembocara la sociedad civil en una situación de pobreza tan extendida y que afectara tan dramáticamente el presente y el futuro de la nación.

A esta pregunta dio respuesta la administración del Presidente Barco mediante la adopción del Plan de Economía Social. El núcleo de esta con­cep­ción del desarrollo lo constituye el Plan de Erradicación de la Pobreza Ab­so­lu­ta, orientado a combatir los factores más críticos de la pobreza, como son las carencias nutricionales, la falta de acceso a la educación básica y a la seguridad social, así como el hacinamiento y la subnormalidad de las viviendas, el marginamiento, el desempleo y el ingreso insuficiente. Para explicar el alcance y los fundamentos de la lucha contra la pobreza, el Presidente Barco dijo en la Conferencia Regional sobre la Pobreza en América Latina y el Caribe realizada en Cartagena, Colombia, en agosto de 1988:

“En el mundo de hoy cerca de 1.000 millones de personas no tienen acceso a la alimentación adecuada, a pesar de existir todos los medios tecnológicos para erradicar el hambre. Igual número de hombres, mujeres y niños no alcanzan tampoco a proveerse de los servicios mínimos de salud, educación y vivienda. En América Latina y el Caribe habitan 165 millones de pobres, de los cuales 65 millones carecen de los medios para tener una nutrición apropiada. La pobreza no puede aceptarse como un resultado natural, lógico e inevitable y mucho menos como una condición necesaria de los procesos de desarrollo de los países del Tercer Mundo.

Colombia considera necesario, y así lo ha propuesto, impulsar un esfuerzo de alcance mundial para luchar contra la pobreza y para reorientar las relaciones entre los países desarrollados y los que se encuentran en vía de desarrollo, de manera que el bienestar y las condiciones para una vida digna dejen de ser un privilegio. Es necesario extender la solidaridad y cooperación entre los pobres del mundo. Y asimismo, éstos y los Estados que se comprometan en esta impostergable tarea. Los Estados deben reconocer explícitamente el derecho de toda persona a no ser pobre en un mundo próspero y a llevar una vida digna. A partir de este supuesto será fácil reconocer la existencia de una ‘deuda social’ tendida como los ingresos faltantes a las familias pobres para satisfacer sus necesidades básicas”.